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Desafíos en la Lucha contra la Minería Ilegal: Riesgos para los Ingresos del Canon y las Obras en Zonas Mineras

Expansión de la Minería Ilegal: Un Desafío para la Estabilidad Económica

La creciente incidencia de la minería ilegal, especialmente en regiones como La Libertad y Pataz, está generando preocupación tanto para los inversionistas como para las comunidades locales. Guillermo Shinno, Gerente General Corporativo de Apumayo, alerta sobre las implicaciones de este fenómeno, que va más allá de la delincuencia asociada a las actividades extractivas ilegales.

Shinno explica que, además de los riesgos para la seguridad y el orden público, la minería ilegal representa una amenaza directa para los ingresos generados por la minería formal. «Estos mineros ilegales y bandas criminales buscan apoderarse de las concesiones, poniendo en peligro las operaciones formales que tributan, pagan impuestos y canon», señala.

Impacto Socioambiental de la Minería Ilegal

La expansión de la minería ilegal no solo afecta la estabilidad económica de la región, sino que también tiene consecuencias socioambientales devastadoras. La actividad minera informal opera sin condiciones de salubridad para las personas y genera contaminación de ríos y valles, poniendo en peligro la salud de las comunidades locales y el equilibrio ambiental.

Además, la minería ilegal alimenta cadenas de economía paralelas basadas en delitos como la trata de personas, exacerbando los problemas sociales y aumentando la vulnerabilidad de las poblaciones locales.

Estrategias para Combatir la Minería Ilegal

A pesar de los esfuerzos del Estado por formalizar la actividad minera, el proceso ha tenido éxito solo con una fracción de los mineros informales. Shinno destaca la necesidad de una estrategia más efectiva para abordar este problema, que incluya medidas para trabajar con los mineros artesanales dispuestos a formalizarse y aplicar la ley de manera rigurosa contra aquellos que operan al margen de la legalidad.

El ex viceministro de minería insta al gobierno a reforzar su estrategia y trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para enfrentar los desafíos planteados por la minería ilegal y proteger los intereses económicos y sociales de las comunidades mineras en el país.

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